Ciudad de Panamá, 30 de septiembre de 2024 – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central (OACNUDH) expresa su profunda preocupación ante la escalada de la represión contra los líderes y comunidades indígenas en Nicaragua.
En el último año, se ha observado una serie de acciones que vulneran gravemente los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Costa Caribe Nicaragüense. Estas acciones resultan en el silenciamiento de voces que defienden sus tierras, su cultura y sus derechos humanos.
El encarcelamiento de personas indígenas ha sido una medida recurrente utilizada en Nicaragua, especialmente contra líderes comunitarios indígenas que alzan su voz para denunciar la invasión de sus territorios ancestrales por parte de colonos.
Ayer se cumplió un año desde la detención arbitraria de Brooklyn Rivera, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), el principal partido que representa a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Nicaragua. Brooklyn Rivera permanece detenido e incomunicado, sin que las autoridades nicaragüenses reconozcan oficialmente su arresto, lo que constituye una violación flagrante de estándares internacionales de derechos humanos, en particular del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El 1 de octubre de 2023, su diputada suplente, Nancy Henríquez, fue igualmente arrestada de manera arbitraria. Ambos líderes han sido despojados de sus cargos sin el debido proceso, y sus escaños fueron asignados unilateralmente a representantes del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los ataques contra quienes defienden los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes continúan. El pasado 14 de septiembre, el líder indígena Steadman Fagot fue arrestado tras denunciar públicamente el incremento de la violencia en los territorios indígenas.
Hasta la fecha, 19 personas indígenas permanecerían detenidas arbitrariamente, tras procesos judiciales que no respetaron el debido proceso, en particular su derecho a una defensa adecuada. Además, se han reportado casos de tortura y condiciones inhumanas de detención.
La cancelación arbitraria la personalidad jurídica de YATAMA en octubre de 2023 sigue afectando la libertad de asociación y al derecho a participar en asuntos públicos de las comunidades. A esto se suma la cancelación de la personalidad jurídica de la Iglesia Morava el 31 de agosto de 2024, una institución fundamental para la vida espiritual y cultural de las comunidades indígenas de la Costa Caribe. Este acto constituye un ataque directo contra la libertad religiosa, el sistema de creencias y la autonomía regional, exacerbando aún más el clima de miedo entre las comunidades indígenas.
La falta de protección efectiva de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, sumada a los retrasos en los procesos de saneamiento y la presencia de «gobiernos paralelos» alineados con el partido de Gobierno sin respaldo de las asambleas tradicionales, socava su capacidad de auto gobernanza y genera incertidumbre sobre la tenencia de sus territorios. Esta situación permite la ocupación forzada de sus tierras por parte de colonos, quienes no solo afectan el goce efectivo de sus derechos humanos, sino que también provocan un impacto negativo en el medio ambiente con sus actividades.
Instamos al Gobierno de Nicaragua a poner fin a la persecución y criminalización de los líderes indígenas y sus comunidades, garantizando su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación política. Instamos asimismo a las autoridades a liberar inmediata e incondicional de Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagot y de todas y todos las y los líderes indígenas detenidos arbitrariamente, así como a restablecer la personalidad jurídica de YATAMA y de la Iglesia Morava.
La OACNUDH reitera su compromiso de continuar monitoreando la situación en Nicaragua y de trabajar para garantizar que se respeten plenamente los derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, conforme a los estándares internacionales.
FIN
