Alrededor de 45 jueces, fiscales y defensores públicos de Costa Rica y Panamá participaron, entre el 18 y 29 de mayo, en la parte presencial del curso “Formación de formadores de derechos humanos”, una iniciativa de la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), dirigida a incrementar la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en las decisiones judiciales.
El curso -que consta con una fase virtual de un mes de duración y otra presencial- es producto de los esfuerzos por lograr que la Escuela Judicial de Costa Rica y la Escuela del Ministerio Público de Panamá institucionalicen los cursos en derechos humanos para operadores judiciales destinados a desarrollar y fortalecer su capacidad práctica para resolver los retos legales sobre la base de las leyes internacionales, comparadas y nacionales.
La formación abarcó, tanto aspectos teóricos como prácticos, incluyendo el análisis de la jurisprudencia nacional e internacional. Se hizo hincapié en las cuestiones de interés señaladas por los mecanismos de protección a nivel internacional y regional de derechos humanos en relación con Costa Rica y Panamá.
Los participantes fueron capacitados sobre la aplicación nacional del Derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo el análisis de la jurisprudencia internacional comparada sobre estudios de caso en áreas temáticas específicas, como los derechos de los pueblos indígenas, múltiples formas de discriminación, derechos de las mujeres y otras violaciones graves de derechos humanos.
El juez costarricense, Naín Monge resaltó el alto nivel académico del curso así como los retos que impone. “Para ser formador no solo hay que manejar la teoría sino que hay que tener práctica y pedagogía…a partir de allí, hay que realizar un plan de formación para poder transmitir las ideas”.
En cuanto a la aplicación de los estándares internacionales en la administración de justicia, Monge indicó que desde la etapa virtual del curso se visualizaba la necesidad de incorporar de forma exhaustiva los estándares internacionales como parámetros mínimos de protección de derechos humanos.
“Los jueces tenemos una labor importante de no solo conocer los derechos humanos sino aplicarlos”, sostuvo. Para él no es suficiente un compromiso profesional o académico sino que se requiere de jueces más proactivos en el resguardo de los intereses de las personas más vulnerables, añadió.
Por su parte, la jueza Ileana Guillén, directora de la Escuela Judicial de Costa Rica, recordó que ese país ha suscrito una gran cantidad de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, pero, en el día a día, el operador de justicia tiende a enfocarse más en la aplicación de las ley que en la convencionalidad.
“Estamos tratando de crear consciencia, a través de la formación de jueces y juezas, de la importancia de aplicar la ley, pero ajustándose a la convencionalidad”, acotó.
En Panamá, la fiscal Xiomara de Jones, manifestó que el curso debería ser esencial para los operadores de justicia sobre todo porque permite fundamentar mejor las decisiones y tener una compresión del por qué, en cada decisión que se toma hay que tener en cuenta los derechos humanos.
Jones indicó que muchas veces los fiscales y jueces no aplican los estándares internacionales de derechos humanos por desconocimiento, pero considera que la situación cambiará, a medida que empiece lo que denominó la “retroalimentación del curso”.
Su colega, la fiscal Maruquel Castroverde, es contundente. “Yo soy partidaria de hacer una distinción entre quiénes tienen el interés. Esto tiene que sentirse y hay que creer que es necesario, que es útil”, dijo.
