La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, dijo el miércoles que los recientes asesinatos de dos abogados que trabajaban en casos de derechos humanos son emblemáticos de “la inseguridad crónica” que enfrentan abogados, periodistas y otros defensores de derechos humanos en el país, e hizo un llamado al Gobierno a tomar medidas urgentes para combatir la impunidad imperante que fomenta crímenes como éstos.
Antonio Trejo Cabrera, un abogado que se había destacado por su trabajo en defensa de los intereses de grupos campesinos en conflictos de tierra en la región del Bajo Aguán de Honduras, fue muerto a tiros el sábado 22 de septiembre. Meses antes de su asesinato, Trejo Cabrera había denunciado que fue víctima de amenazas de muerte en repetidas ocasiones. Dos días más tarde, Manuel Díaz Mazariegos, fiscal en la ciudad de Choluteca, quien también había trabajado en casos de derechos humanos, fue asesinado.
“Lamentablemente, estos abominables asesinatos no son casos aislados”, destacó la Alta Comisionada. “Existe un clima amenazante de inseguridad y violencia en Honduras, y los defensores de derechos humanos son blanco de amenazas, intimidación, agresiones físicas y asesinatos. La impunidad ante estas violaciones es inaceptable. Cuando los responsables saben que es muy probable que se salgan con las suyas, no hay nada que disuada de asesinar otros destacados defensores de derechos humanos del país”.
Según el Colegio de Abogados de Honduras, 74 abogados han sido asesinados en los últimos tres años, sin una respuesta adecuada por parte de las autoridades. Asimismo, más de 60 personas han muerto en el marco de conflictos de tierra en los últimos dos años. Honduras cuenta con una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
“Hago un firme llamado al Gobierno a no escatimar esfuerzos en sus investigaciones de los asesinatos del Sr. Trejo Cabrera y del Sr. Díaz Mazariegos, y a asegurarse que todo ataque o amenaza a cualquier otro defensor de derechos humanos sean tomados en serio, y debida y oportunamente investigados”, dijo. “Es esencial que las personas que comenten estos crímenes sean llevados a la justicia. No hacerlo simplemente contribuirá a exacerbar lo que ya es una situación muy grave”.
“También hago un llamado al Gobierno de Honduras a adoptar urgentemente medidas para hacer frente a la vulnerabilidad que sufren los defensores de derechos humanos, tal como fue recomendado por la Relatora Especial para Defensores de Derechos Humanos, quien visitó el país en febrero de este año”, dijo Pillay, resaltando que el Relator Especial sobre Libertad de Expresión había a su vez expresado su preocupación ante los elevados niveles de violencia que enfrentan los periodistas hondureños.
“Insto también al Gobierno a implementar los compromisos adquiridos durante el Examen Periódico Universal de Honduras del Consejo de Derechos Humanos en 2010, particularmente aquéllas orientadas a reforzar las instituciones del Estado de Derecho y la efectividad de la administración de justicia”, señaló.
Pillay expresó asimismo que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se encontraba lista para apoyar al Gobierno en sus esfuerzos por cumplir esos compromisos vitales para proveer de mejor protección a las personas en Hondura
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