El Salvador, San Salvador − (30 de septiembre de 2013). El Sistema de Naciones Unidas en El Salvador y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentaron el Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en El Salvador. Igualmente, el señor James Anaya, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, presentó su Informe sobre la situación de los pueblos indígenas en el país.
En su informe sobre su visita a El Salvador en agosto de 2012 −presentado este mes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- el experto independiente de la ONU señala que el Gobierno de El Salvador ha dado un paso importante para formalizar el reconocimiento legal de los pueblos indígenas a través de la reforma constitucional pendiente de aprobación por la Asamblea Legislativa.
En sus recomendaciones, Anaya hace un llamado al Gobierno a ratificar el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento que constituiría el fundamento legal para la adopción de medidas que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.
A pesar de que en los últimos años el Gobierno ha emprendido iniciativas a favor de los pueblos indígenas, éstas son incipientes según el Relator. Por ello, se requiere de políticas de Estado específicas, que junto a un marco legislativo y regulatorio definan responsabilidades en relación a los derechos indígenas.
Para los pueblos indígenas de El Salvador, el reconocimiento de su identidad como pueblos constituye su preocupación primordial. Las medidas para recuperar dicha identidad deben garantizar el fortalecimiento de las instituciones indígenas, su participación en los procesos de toma de decisiones, y asegurar que sean consultados sobre los programas y políticas que les afecten.
En el ámbito de la lucha contra la pobreza, el Relator anima al Estado salvadoreño a continuar fortaleciendo los esfuerzos y programas destinados a reducir las desigualdades que afectan de manera particular a los pueblos indígenas. Estos programas deben ser diseñados e implementados con su activa participación, en lineamiento con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a determinar su propio desarrollo, cita Anaya.
Ante la pérdida generalizada de tierras y territorios tradicionales de los pueblos indígenas −una preocupación que también ha sido expresada por los Órganos de Tratados del Consejo de Derechos Humanos− el Relator recomienda al Gobierno “revisar el programa de tierras del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria e incorporar mecanismos para adjudicar los reclamos de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales, así como proporcionar reparaciones adecuadas.
Se deberían adoptar reformas en la legislación y reglamentación pertinente para facilitar la tenencia de tierras indígenas de acuerdo con sus tradiciones y patrones culturales”. En relación a los proyectos de exploración y explotación de minería metálica, el Relator Especial urge a El Salvador a aprobar el proyecto de ley especial para la suspensión de los procedimientos administrativos relacionados con dichas actividades.
El informe de Anaya también incluye recomendaciones en materia de educación y salud orientadas a la mejora del acceso a estos servicios por parte de los pueblos indígenas desde un enfoque intercultural que respete sus tradiciones y conocimientos.
Por otro lado, el Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en El Salvador −publicado en 2012 por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)− analiza el estado de cumplimiento del país en relación a las obligaciones legales adquiridas por el Estado al haber ratificado y aprobado instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
El Diagnóstico manifiesta los numerosos desafíos para poner fin a la invisibilidad y a la negación cultural indígena y avanzar así hacia el efectivo ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador. Los hallazgos del estudio −que contiene contribuciones y recomendaciones de los pueblos indígenas− coinciden con el informe del Relator en materia de tierras y territorios, recursos naturales, educación, salud, consulta e identidad cultural.
De forma adicional el Diagnóstico aporta información sobre la discriminación que los pueblos indígenas sufren en diferentes ámbitos, tales como el acceso a la justicia y a los servicios básicos, así como al ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Durante la elaboración del estudio, los pueblos indígenas manifestaron que además de ser discriminados e invisibilizados sus culturas son folklorizadas y empleadas para promover el turismo, hecho que tiene como consecuencia que se les limite el uso y disfrute de sus sitios ceremoniales y religiosos en pro de las visitas turísticas.
La Representante Regional para América Central de la OACNUDH, señora Carmen Rosa Villa Quintana, hace un llamado al Estado salvadoreño para que los espacios de diálogo y participación entre las instituciones del Estado y los pueblos indígenas faciliten un auténtico intercambio y conocimiento mutuo basado en el diálogo intercultural, el respeto y los principios que emanan de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
FIN
Para más información contactar a: Tilcia Delgado +507 302-4567 o escribir a tdelgado@ohchr.org Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Carlos León +503 2209-3509 o escribir a carlos.leon@one.un.org Oficina del Coordinar Residente de Naciones Unidas, El Salvador.
Para consultar el informe del Relator visite: http://unsr.jamesanaya.org/docs/countries/2013-report-elsalvador-a-hrc-24-41-add2-sp.pdf Para consultar el Diagnóstico sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en El Salvador visite: https://oacnudh.org/?p=1896