Cuando una inmigrante indocumentada de 17 años de edad que se encontraba en un centro de detención de Estados Unidos descubrió que estaba embarazada y expresó su deseo de poner fin al embarazo, las autoridades estatales y federales se negaron a dejarla en libertad para que pudiera ir a una clínica donde someterse al procedimiento médico, con lo que le denegaron su derecho a un aborto legal, con arreglo a las leyes estadounidenses. El hecho dio origen a una querella ante los tribunales y, al final del proceso, una corte de apelaciones ordenó a las autoridades que permitieran el procedimiento, justo antes de la que la joven llegara a la vigésima semana de embarazo, que es el límite fijado por la ley estatal para ese tipo de práctica.
Diversos expertos en derechos de las mujeres han denunciado restricciones como ésta, impuestas a adolescentes y mujeres sobre su derecho a ejercer sus opciones reproductivas, como una forma particularmente dañina de discriminación y violencia por motivo de género.
“Obligar a las mujeres y las muchachas a ser madres o a recurrir a un aborto inseguro, es una modalidad de violencia por motivo de género. Obligar a alguien a llevar a término un embarazo es una forma de violencia, como lo es obligar a alguien a hacer con su cuerpo algo que no desea hacer”, declaró la Sra. Carmen Barroso, copresidenta del Grupo Independiente sobre la Rendición de Cuentas (IAP), designado en 2015 por el Secretario General de las Naciones Unidas para supervisar la ejecución de la Estrategia Mundial para la salud de la mujer, el niño y el adolescente (2016-2030).
Las complicaciones del embarazo son la causa principal de mortalidad entre las jóvenes de 15 a 19 años de edad, según un informe reciente del IAP. El aborto en condiciones precarias es un factor importante de mortalidad entre las adolescentes en los países donde una legislación restrictiva limita el acceso al aborto seguro, concluyó el informe.
“Todas las estadísticas indican que las adolescentes, cualquiera que sea su situación económica, son mucho menos autónomas que las mujeres adultas en cuanto al ejercicio de sus derechos reproductivos”, afirmó la Sra. Barroso en una mesa redonda de debate celebrada en Ginebra bajo los auspicios del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) del ACNUDH. El embarazo en la adolescencia, añadió, entraña un alto costo económico para la sociedad, al limitar el acceso de las jóvenes al trabajo y la educación, lo que trae consigo pérdidas substanciales de productividad para el país.
La Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Sra. Kate Gilmore, actuó de moderadora en el debate y pidió a los Estados Miembros que apliquen plenamente todas las leyes contra la violencia de género.
“Tenemos leyes suficientes en los códigos, pero la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las formas más graves y reprensibles de violencia –y, al mismo tiempo, la más tenaz, la más extraordinariamente resistente al cambio”, dijo la Sra. Gilmore. “No deberíamos necesitar una nueva campaña en las redes sociales para recordar cuán insidiosa es la violencia de género”.
La Sra. Barroso insistió en la urgente necesidad de promover la Recomendación General No. 35 aprobada a principios del año en curso por el CEDAW, en calidad de herramienta para que los Estados puedan abordar la impunidad y la falta de rendición de cuentas por la discriminación y la violencia de género.
“Es fundamental que se amplíe el concepto de violencia, para que incluye la violación de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva”, dijo la Sra. Barroso.
La copresidenta del IAP señaló que las adolescentes son especialmente vulnerables y que existe una necesidad imperiosa de leyes que aborden explícitamente sus circunstancias específicas. “Es durante la adolescencia que las jóvenes llegan a ser objetivos preferentes de la violencia de género, lo que acarrea efectos devastadores a lo largo de toda la vida”, afirmó la Sra. Barroso. “Los marcos de políticas tienden a hacer caso omiso de las adolescentes y lo mismo sucede con la violencia de género”.
La oradora instó a los Estados Miembros a que tengan en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de las adolescentes, cuando se dispongan a incorporar la Recomendación General No. 35 a la legislación, las políticas y los presupuestos de sus países.
