12/11/2013 – La evidencia de la trata de nicaragüenses por sus propios coterráneos –con la complicidad de funcionarios panameños– generó rechazo local e internacional.
Las reacciones surgen por una investigación de este diario, replicada en agencias internacionales, la cual reveló el engaño al cual se someten los inmigrantes que llegan al país en buses de “excursiones”. En muchos casos las víctimas son objeto de explotación laboral, servidumbre y hasta sexual.
Carlos Gasnell, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, solicitó a las autoridades incrementar los controles, mientras que la representante regional de Derechos Humanos de Naciones Unidas recordó la importancia de la colaboración internacional para erradicarla.
Según Gasnell, el crecimiento económico en países como Panamá, con “ gran debilidad institucional, informalidad y corrupción”, genera puestos de trabajo que se cubren contratando ilegales.
Sugirió un “aumento de controles para evitar que, con la excusa del aumento de necesidades, proliferen nuevos negocios en donde se violenten los derechos humanos fundamentales”.
Carmen Rosa Villa, representante regional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordó que Panamá, Costa Rica y Nicaragua ratificaron la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada internacional para sancionar la trata de personas y deben generar políticas en este sentido.
“La trata de personas es una actividad criminal que ha tomando dimensiones sin precedentes”.
Viola múltiples derechos humanos, implica criminalidad transnacional y migración ilegal. “Se requiere que los Estados den respuestas eficaces para enfrentar esta situación mediante una estrategia multidisciplinaria e interinstitucional… La cooperación internacional entre todos los países es clave para combatir la trata de personas”, destacó.
Fuente: Diario La Prensa
