Diálogo Interactivo sobre la actualización oral del Alto Comisionado sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Pronunciado por Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Señor Presidente,
Excelencias,
Agradezco la oportunidad de dirigirme al Consejo y ofrecer una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua de conformidad con la resolución 52/2 del Consejo de Derechos Humanos.
Nuestra Oficina continúa documentando graves violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en Nicaragua desde 2018. Sigo desalentada por la falta de acción para evitar que ocurran tales violaciones y por el continuo distanciamiento del Gobierno de los derechos humanos, el Estado de derecho y otros principios democráticos fundamentales. El Gobierno ha atacado sistemáticamente a dirigentes políticos e indígenas, miembros de la Iglesia católica, defensores de los derechos humanos, periodistas y otras personas por expresar opiniones diferentes. Muchos están en el exilio, sin posibilidad de regresar. Quienes permanecen en Nicaragua están en constante amenaza o enfrentan una serie de graves violaciones de derechos humanos, y la impunidad es la norma.
El Gobierno continúa persiguiendo a quienes percibe que pueden ostentar opiniones críticas y busca extender aún más el control político sobre la Costa Caribe en Nicaragua. En este contexto, el 3 de octubre las autoridades cancelaron arbitrariamente la personalidad jurídica de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente del país. Además, sus dos representantes en la Asamblea Nacional fueron privados de su libertad por la policía sin orden de arresto y sin el debido proceso. Nuestra Oficina está preocupada por la salud e integridad física de uno de ellos, un hombre de 71 años, cuya suerte y paradero se desconoce desde su detención el 28 de septiembre de 2023 en Bilwi, en una situación que constituye una desaparición forzada. La otra diputada de Yatama en la Asamblea Nacional fue condenada a 8 años de prisión el 13 de diciembre por menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, en un proceso que careció del debido proceso y de garantías judiciales. Tras estas detenciones, sus escaños en la Asamblea Nacional fueron reasignados ilegalmente al partido gobernante. Tales medidas son de particular preocupación en el contexto de las próximas elecciones regionales en la Costa Caribe previstas para marzo de 2024.
Además, desde agosto de 2023, se realizaron 69 consultas con 5.550 personas representantes de 23 territorios indígenas durante un período de seis semanas para obtener su consentimiento para el proyecto Bio-CLIMA, financiado por el Fondo Verde para el Clima. Nuestra Oficina está preocupada por la falta de acceso a información suficiente sobre el proyecto y sus riesgos, y por la presión indebida ejercida sobre los pueblos indígenas para que brinden su consentimiento al proyecto sin tiempo suficiente para la deliberación, así como por el hecho de que dichas consultas se llevaron a cabo en presencia de policías armados. Cualquier consulta de este tipo debe realizarse respetando plenamente el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, también en relación con el consentimiento previo, libre e informado.
Lamentablemente, continúan las restricciones al espacio cívico, con repetidos casos de detención arbitraria contra quienes ejercen sus libertades fundamentales. 17 mujeres y 54 hombres, entre ellos opositores políticos y personas defensoras de los derechos humanos, siguen detenidos arbitrariamente según fuentes de la sociedad civil. Algunos juicios penales se estarían llevando a cabo sin la presencia física de las personas acusadas, que participarían únicamente a través de videollamada, y sin asistencia legal. Nuestra Oficina ha documentado casos de tortura en detención, así como información sobre amenazas contra las personas detenidas y sus familiares advirtiéndoles que no denuncien las condiciones de detención.
Ilustrativo del actual ambiente coercitivo es el caso de una mujer arrestada en abril pasado solo por imprimir una camiseta con el lema “Viva Nicaragua libre”. Durante dos meses fue privada de su derecho a recibir visitas familiares. Ahora solo puede recibir la visita de sus hijos de 1 año y 8 años una vez al mes durante 45 minutos, teniendo que viajar ambos durante 4 horas para llegar al penal “La Esperanza”. Nuestra Oficina también documentó la detención arbitraria de cuatro personas, entre ellas tres estudiantes, que protestaron pacíficamente por el cierre de la Universidad Centroamericana. Estas personas fueron declaradas culpables de delitos de drogas en noviembre pasado en procesos que carecieron del debido proceso y respeto por las garantías de un juicio justo. Un hombre de 70 años que criticaba verbalmente al Gobierno en su tienda fue detenido y sometido a una desaparición forzada durante más de un mes. Un académico que criticaba al Gobierno en sus redes sociales también fue detenido a finales de noviembre y se desconoce su paradero.
La persecución contra la Iglesia católica persiste. Las limitaciones impuestas por las autoridades al ejercicio del derecho a la libertad de manifestar la propia religión son incompatibles con las obligaciones de Nicaragua en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Nuestra Oficina fue informada sobre la prohibición de varias misas católicas, también en el Día de Todos los Santos. Aunque nos felicitamos de la liberación de os doce sacerdotes católicos en octubre de 2023, ellos tuvieran que ser trasladados a la Santa Sede como parte de un acuerdo entre las autoridades y el Vaticano para su liberación. Mientras tanto, el obispo Álvarez permanece detenido en la prisión “La Modelo”. A pesar de la información recientemente publicada por el Gobierno sobre su situación, sus condiciones carcelarias violan las normas internacionales. Continúa sometido a una reclusión prolongada en régimen de aislamiento, con visitas familiares esporádicas y privado de alimentación suficiente, atención médica adecuada o material de lectura.
La denegación de entrada a Nicaragua de ciudadanos considerados por el Gobierno como disidentes políticos y sus familias, documentada en 30 casos desde junio, ha dado lugar en muchas ocasiones a la separación forzosa de niños y niñas de sus padres y madres. Nuestra Oficina continúa documentando violaciones contra los y las nicaragüenses despojados de su nacionalidad y propiedades, incluidas al menos 5 propiedades confiscadas desde septiembre. Las confiscaciones de los ahorros de toda una vida han hundido a muchos en dificultades económicas y situaciones precarias en terceros países.
La supuesta destitución arbitraria de la Presidenta de la Corte Suprema y de cientos de funcionarios y funcionarias del poder judicial ilustra una vez más las preocupaciones planteadas sistemáticamente en informes anteriores (A/HRC/54/60 y A/HRC/51/42) respecto de un poder judicial que durante mucho tiempo ha sido controlado por el Ejecutivo mediante nombramientos y despidos arbitrarios, y utilizado para criminalizar a personas disidentes, en particular desde 2018.
Sus Excelencias,
A pesar de la solicitud del Consejo (A/HRC/RES/52/2, párr. 20), el Gobierno se ha negado a colaborar con nuestra Oficina y con el sistema internacional de derechos humanos de la ONU en general. En particular, en octubre, cuando el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) consideró los informes periódicos combinados séptimo a décimo de Nicaragua, la Representante de Nicaragua apareció brevemente para dirigirse al Comité utilizando un lenguaje inapropiado sobre los presuntos intentos de este último de desacreditar al Gobierno.
Cada día el país se desvía aún más de los derechos humanos, profundizando el sufrimiento de la gente, provocando el éxodo de jóvenes y socavando el futuro de las instituciones públicas democráticas. Hago un llamado a Nicaragua para que revierta inmediatamente este rumbo y lleve a cabo un cambio fundamental para el interés de su pueblo, sustentado en los derechos humanos.
Hay esperanza. Las personas defensoras de los derechos humanos en Nicaragua y en el exilio continúan trabajando incansablemente por un futuro mejor. Pero ellos y ellas necesitan el apoyo sostenido de la comunidad internacional.
Permítanme concluir recordando al Gobierno que se ha comprometido repetidamente ante la comunidad internacional a respetar los principios y propósitos de las Naciones Unidas, que incluyen promover y fomentar el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos. Hago un llamado al Gobierno, una vez más, a aceptar nuestra oferta de diálogo genuino y asistencia técnica para superar la crisis de derechos humanos que afecta a Nicaragua desde 2018.